Declaración de la Academia Nacional de Periodismo

Ante el proyecto de ley que se está impulsando en el Congreso Nacional con el fin de regular el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en toda la extensión de la República, la Academia Nacional de Periodismo considera  necesario expresar su preocupación por el daño impredecible que una norma de esa naturaleza podría llegar a causar al principio supremo de la libertad de expresión, pilar indiscutido del sistema constitucional democrático.
Precisamente por ello, debe promoverse la celebración de un debate amplio y plural sobre una cuestión – democracia y comunicación – que es central en la sociedad de este cambio de época.
No se pone en duda la necesidad de un marco normativo destinado a coordinar la explotación de las licencias y titularidades de los medios electrónicos de consumo masivo. Todo lo contrario: se aspira a que la dirigencia política, que ha llegado con mora a ese debate lo considere ahora como una gran oportunidad. Una oportunidad para recuperar el sentido de construcción que tiene la política y mostrar que en asuntos decisivos para la defensa de valores fundamentales de la convivencia democrática se pueden y se deben alcanzar amplios consensos logrados con respeto por los principios constitucionales y los modos republicanos capaces de dotar de perdurabilidad a la norma.
La  actividad regulatoria que se propicia no debería quedar a cargo de una autoridad de aplicación dependiente del poder político, sino que tendría que ser confiada a un organismo técnico independiente. De lo contrario podría afectarse arbitrariamente el pluralismo informativo y se subordinaría la habilitación de las licencias al interés impredecible o azaroso del gobernante de turno.
Es conveniente advertir, además, que las circunstancias y el contexto dentro de los cuales se ha promovido el presente debate legislativo dista de haber sido el más aconsejable. El tratamiento de la norma estuvo condicionado por imposiciones y urgencias poco propicias para una elaboración legislativa serena y fecunda. Por otra parte, desde los sectores que impulsaron el proyecto se oyeron expresiones y se promovieron acciones que adelantaban la intención expresa y directa de perjudicar a un determinado sector de la industria periodística. Y es obvio que esa clase de intenciones no puede ni debe presidir el nacimiento de una norma legal, pues se supone que toda legislación está concebida al margen de propósitos o finalidades personales.
Tampoco ha quedado debidamente en claro cuál es el concepto válido de los llamados medios de información estatales o de la pretendida “televisión pública”. Es obvio que ese concepto requiere una diferenciación eficaz entre lo “público” y lo “gubernamental”. Y es evidente también que el manejo de lo público requeriría la intervención de autoridades designadas por concurso y una gestión liberada de interferencias provenientes del poder político.
Las reservas que la Academia Nacional de Periodismo deja expuestas hacen aconsejable una revisión más estricta del texto discutido en los recintos legislativos.